Abro el diario y veo, con sorpresa y también con estupor, que la Consellería de Medio Ambiente ha impuesto una sanción de 25.000 euros  a la persona/ empresa que lleva decenas de años explotando la Isla de Benidorm en su beneficio por quedar acreditado que realizaba vertidos diarios de aguas residuales directamente al mar. 

No sabemos bien si para terminar el año 2018, o, por el contrario, comenzar el nuevo 2019, el 28 de diciembre de 2018, nuestras Cortes Generales aprobaron –con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente-, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

El pasado 4 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo Real Decreto- Ley 11/2.018, de 31 de agosto, por el que se reforma la ley 10/2.010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dichas modificaciones vienen impuestas por la Directiva 2.015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2.015, sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales.