Por Jesús Bonet, abogado.
Conocida la Sentencia que, en una primera instancia, da respuesta a las cuestiones planteadas en el procedimiento conocido como “CASO NÓOS”, donde la Ilma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca absuelve a 9 de las 18 personas inicialmente llevadas a Juicio Oral, dejando de lado los matices jurídicos y las conformidades o discrepancias que, evidentemente, cualquiera que opine extraerá en un sentido o en otro, a nosotros nos parece particularmente importante una reflexión sobre los aspectos personales que derivan de la sustanciación de un proceso como el indicado.
En estas situaciones, lo que de verdad estamos viendo que prima a lo largo de los tiempos es, lisa y llanamente, una instrumentalización absolutamente ilegítima de la actividad jurisdiccional con objeto de dirimir, en la arena jurídica, batallas que son exclusivamente propias del ámbito político. Y no lo digo desde ninguna posición parcial: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra; las observamos desde unos colores contra otros, y desde otros contra unos; nadie tiene la altura suficiente para no aprovechar cualquier cauce que permita, sin pararse en medios, tratar de obtener alguna ventaja para la contienda pública que, al final, se puede proyectar en un resultado electoral; resultado electoral que debiera perseguirse más por la oferta constructiva que debiera hacer a la sociedad cualquier político interviniente, en lugar de tratar de alcanzar objetivos por la destrucción del contrincante; e insisto: quien en este país esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
No se piensa en esos momentos en el daño personal, absolutamente irreparable, que se proyecta sobre las personas, sin tener en cuenta que pueden ser absueltas, pero que tienen que recorrer hasta ese final un tránsito que se convierte en auténtico calvario; donde ven cómo son expulsados de sus responsabilidades públicas, donde quedan proscritos para asumir contrataciones privadas, y donde se les estigmatiza poco menos que considerándolos apestados en sus esferas personales.
No se para nadie a pensar sobre los irrecuperables impactos que generan unos sufrimientos y unas quiebras en sus vidas en todos los órdenes, materiales y psicológicos, con la grave afectación hasta de sus órbitas familiares.
Y todo ¿por qué?, pues sencillamente, porque conviene a la cacería política, a la obtención de réditos inmediatos en las siguientes elecciones, y porque “lo que va delante va delante”, sin más perspectivas que las de nuestros propios ombligos.
Quisiera pues que los resultados del pronunciamiento de este caso, más sonoros por lo mediático, llevaran a todos los responsables de políticas públicas a reflexionar muy profunda y serenamente sobre la instrumentalización que, TODOS, hacen de la actividad jurisdiccional, en beneficio de réditos partidistas.
Obviamente, no seré yo ni nadie en su sano juicio, quien deje de reconocer las ocasiones en que se ha actuado cometiendo ilícitos penales, y me felicito por su resultado punitivo. Pero a buen seguro que si hiciéramos una estadística de cuántos procesos se han iniciado desde las órbitas políticas contra contrincantes políticos, en sede jurídica penal, y cuántos han acabado en condena, es muy probable que la proporción de personas absueltas iba a resultar abrumadora, en comparación con la de personas condenadas.
Comparto plenamente con quien fuera Presidente del Gobierno D. Felipe González la posición que meses atrás explayaba en un periódico de tirada nacional, en el sentido de exigir prudencia para no castigar anticipadamente a gentes objeto de procedimientos penales derivados de la acción política hasta que no hubiera sentencias que efectivamente los condenasen; y me atrevo a decir que, inclusive y después de las experiencias que en los últimos tiempos llevamos vividas, que dado el altísimo número de sentencias absolutorias o inclusive de sobreseimientos que se producen incluso antes de llegar a juicio, ni siquiera habría de ser exigible, de ningún cargo público su renuncia al mismo solo porque se le investigase en relación con una denuncia que, es muy fácil de poner, es muy fácil de admitir, y producida la sanción pública con el eco tremendo que ofrecen los medios de comunicación, es absolutamente imposible luego de compensar.
Simplemente, responsabilidad en el ejercicio de las funciones.
Con eso, quizás, sería suficiente.
