El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la presunta manipulación de determinados motores diésel en vehículos Volkswagen, ha acordado dirigir el procedimiento contra la matriz de la firma automovilística -Volkswagen AG- en calidad de investigada, por su presunta participación en el delito de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas, así como delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente.
En noviembre de 2015, BONET ABOGADOS presentó una querella contra VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en defensa de los intereses de dos clientes valencianos, por los posibles delitos de estafa, publicidad engañosa y delito contra el medio ambiente.
Una vez notificado el auto, el Juzgado ya ha cursado la correspondiente comisión rogatoria a Alemania, país en el que tiene su sede la empresa Volkswagen AG, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
El magistrado explica en su resolución que la causa se inició tras la presentación de querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y que la investigación judicial se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros.
El trucaje se pudo realizar con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental. Según el relato del juez, el fabricante, para lograr fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente éstos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados y que la empresa Volkswagen A.G. debe ostentar la condición de investigada (antes imputada) «al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido».
El auto recoge el informe del fiscal en el que solicitaba la medida ahora acordada. El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representante de Volkswagen-Audi España, que aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania.
La Fiscalía también se apoyó en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de SEAT afectadas por estos hechos. Según el fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque «existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta».
