El pasado 4 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo Real Decreto- Ley 11/2.018, de 31 de agosto, por el que se reforma la ley 10/2.010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Dichas modificaciones vienen impuestas por la Directiva 2.015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2.015, sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales.

No sirven como prueba en un procedimiento judicial unos archivos remitidos por una trabajadora a su abogado explicando su estrategia procesal para lograr un horario reducido o la cantidad a reclamar ante un despido improcedente de no lograrlo, que es hallado en el ordenador en que aquella trabajaba cuando se encontraba de baja médica.

Por Carles Picher, abogado en Bonet Abogados. Ante la posibilidad de emprender acciones judiciales por vicios ruínogenos, en ocasiones puede surgir la duda o problemas de índole procesal de quién está legitimado para entablar la acción judicial, sobre todo cuando existen subcomunidad, constituidas como suele ocurrir, en garajes y/o más de una escalera o bloque en un mismo edificio.

Por Marta Navarro Garrote, abogada especialista en Derecho Laboral. Durante el mes de junio, todos los operadores jurídicos nos hemos hecho eco de la sentencia del juzgado de lo social nº 6 de Valencia nº 244/2018 de 1 de junio que,por primera vez en España, ha declarado la naturaleza laboral de la relación entre un rider (repartidor) y Deliveroo, en lugar de considerarlo un trabajador autónomo.